Por: José Ricardo Bautista Pamplona – director general – Sistema Informativo La Palestra
Colombia comienza a experimentar con mayor intensidad las consecuencias de una transformación demográfica que modificará la estructura de sus hogares, la composición de su fuerza laboral, la demanda de servicios sanitarios y la sostenibilidad de los mecanismos de protección social.
Los datos publicados este 13 de octubre de 2026, con base en información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), sitúan a Boyacá y Cundinamarca en el centro de esa discusión, porque los dos departamentos concentran los primeros 34 municipios del país según la proporción de personas mayores de 60 años respecto de la población total.
La evidencia desplaza el debate desde la descripción estadística hacia una pregunta de fondo: ¿cuentan las instituciones locales con las capacidades necesarias para responder a una estructura poblacional que cambia con rapidez?
La magnitud del fenómeno se aprecia con mayor claridad al examinar los municipios. Guayatá, en Boyacá, encabeza el listado nacional: el 37,4 % de sus habitantes superan los 60 años. Le siguen Pachavita, con 37,3 %; Somondoco, con 36,9 %; y Almeida, con 35,7 %. Tibirita, en Cundinamarca, ocupa el quinto lugar, con 34,7 %. La clasificación también incluye a Bituima y Manta, en Cundinamarca, mientras Tenza, Sutatenza y Chinavita figuran entre los municipios boyacenses con mayor participación de población mayor. Siete de los diez primeros puestos corresponden a Boyacá.
Estos porcentajes describen la composición por edades de cada municipio y no equivalen al número absoluto de personas mayores ni permiten, por sí solos, establecer qué departamento alberga la mayor cantidad de adultos mayores.
La distinción resulta fundamental para interpretar correctamente los indicadores y orientar la asignación de recursos públicos: una localidad pequeña puede presentar una proporción elevada de población longeva y, al mismo tiempo, registrar una cifra absoluta inferior a la de una ciudad de mayor tamaño.
En Boyacá, la transición adquiere dimensiones especialmente relevantes y, de acuerdo con las proyecciones de población del DANE, durante 2026 el departamento cuenta con 238.670 personas mayores de 60 años: 108.446 hombres y 130.224 mujeres, grupo que representa el 18,42 % de la población departamental, frente al 15,3 % del promedio nacional. La distribución territorial añade una dificultad operativa: 112.120 personas mayores viven en centros poblados y zonas rurales dispersas, donde la distancia entre las viviendas, los centros de salud y los servicios administrativos incrementa las exigencias logísticas de la atención pública.
La tendencia también se manifiesta en la reducción de los nacimientos. En Boyacá, los registros pasaron de 15.157 en 2016 a 9.648 en 2025, una disminución cercana al 36,4 % durante ese periodo. La tasa global de fecundidad descendió de 2,57 hijos por mujer en 2000 a aproximadamente uno en 2025, según el mismo análisis, cifras que evidencian una contracción de la base de la pirámide poblacional, fenómeno que altera gradualmente la relación entre generaciones jóvenes, población en edad laboral y personas mayores.
La demografía, sin embargo, requiere una lectura que supere la asociación automática entre longevidad y crisis, toda vez que el aumento de la supervivencia constituye un resultado del desarrollo sanitario y de las condiciones que permiten alcanzar edades avanzadas.
El desafío surge cuando esa mayor longevidad coincide con menos nacimientos, la salida de población joven y una estructura económica incapaz de generar suficientes oportunidades para quienes podrían permanecer o regresar a sus municipios de origen y la combinación de estas variables puede reducir el relevo generacional, debilitar determinadas actividades productivas y modificar la demanda de servicios esenciales.
En el caso boyacense, la investigadora en demografía Ángela Vega y el especialista Juan Andrés Castro relacionan el envejecimiento de estos municipios con procesos acumulados durante décadas: el descenso de la fecundidad, la permanencia de generaciones que alcanzan edades avanzadas y la migración de población joven, lectura que introduce un elemento decisivo ya que el envejecimiento municipal no obedece a una sola causa ni puede explicarse exclusivamente por el aumento de la esperanza de vida y la dinámica resulta de la interacción entre natalidad, mortalidad, migración y estructura productiva.
Las consecuencias alcanzan el mercado laboral, la agricultura, el comercio y las finanzas públicas, y en las zonas rurales, la salida de jóvenes puede reducir la disponibilidad de trabajadores para actividades agropecuarias, dificultar la continuidad de unidades productivas familiares y disminuir la base de población que sostiene escuelas, transporte, comercio y otros servicios.
A su vez, una mayor proporción de habitantes mayores incrementa la necesidad de atención primaria, seguimiento de enfermedades crónicas, rehabilitación, asistencia domiciliaria y mecanismos de cuidado de larga duración, y la respuesta institucional requiere coordinación entre salud, protección social, vivienda, movilidad, desarrollo económico y ordenamiento territorial.
La cuestión fiscal merece también especial atención, porque los municipios con población dispersa deben garantizar servicios a habitantes que viven lejos de los centros administrativos y asistenciales, mientras enfrentan restricciones de personal, infraestructura y recursos. La política pública necesita incorporar criterios de dispersión geográfica, dependencia funcional, condiciones socioeconómicas y necesidades de cuidado, además de las variables tradicionales de población total. Una fórmula de distribución presupuestal que desconozca la estructura etaria y las dificultades de acceso puede resultar insuficiente para atender las demandas reales de las comunidades.
Cundinamarca comparte parte de estos desafíos, aunque sus municipios presentan realidades territoriales y económicas diversas. La cercanía con Bogotá, los procesos de integración metropolitana, la movilidad residencial y las diferencias entre municipios rurales y corredores urbanos obligan a diseñar respuestas diferenciadas.
Los datos sobre la proporción de personas mayores permiten identificar los focos de atención, pero una evaluación completa debe complementarse con información sobre dependencia económica, cobertura pensional, acceso a salud, redes familiares de cuidado y evolución de la población en edad productiva.
Ante este panorama, la respuesta no puede limitarse a ampliar programas asistenciales cuando las necesidades ya se encuentran instaladas porque Boyacá y Cundinamarca requieren sistemas territoriales de cuidado, atención sanitaria cercana, transporte accesible, vivienda adaptada, oportunidades de participación económica para las personas mayores y mecanismos que protejan su autonomía y también necesitan políticas de desarrollo rural, formación, empleo y conectividad capaces de ofrecer alternativas a las nuevas generaciones, sin convertir la permanencia juvenil en una obligación ni la migración en un motivo de estigmatización.
La planeación demográfica exige, además, abandonar las soluciones uniformes, porque un municipio como Guayatá, donde más de un tercio de la población supera los 60 años, demanda estrategias distintas de las que requiere una localidad con mayor proporción de habitantes jóvenes o con dinámicas metropolitanas.
El análisis debe descender desde los indicadores departamentales hasta las condiciones concretas de cada comunidad: quiénes cuidan, dónde viven las personas mayores, qué ingresos reciben, cuánto tardan en acceder a una consulta médica y qué posibilidades existen para mantener una vida independiente.
El envejecimiento de Boyacá y Cundinamarca constituye, entonces, una señal de anticipación para el conjunto de Colombia y las cifras describen una transformación que ya incide en la vida cotidiana y que ganará peso durante las próximas décadas, por lo que la longevidad merece reconocimiento en tanto que la improvisación institucional puede convertirla en una fuente de desigualdad, y el reto consiste en construir municipios capaces de cuidar a sus habitantes mayores, ofrecer oportunidades a sus jóvenes y preservar las condiciones económicas y sociales que permiten a las comunidades mantenerse activas a través de las generaciones.
