Por: José Ricardo Bautista Pamplona – director general – Sistema Informativo La Palestra
Durante muchos años, el Estadio La Independencia de Tunja ha sido uno de los escenarios centrales para las grandes noches estelares del Festival Internacional de la Cultura.
Por allí han pasado artistas de reconocimiento internacional como Marc Anthony, Marco Antonio Solís, Ricardo Arjona, Juan Luis Guerra, Alejandro Fernández, Carlos Vives, Juanes, Richie Ray & Bobby Cruz, Ana Gabriel, entre otras figuras que han convertido determinadas jornadas del festival en acontecimientos de alta convocatoria.
En ese escenario se construyó una parte importante de la memoria reciente del certamen. Las graderías ocupadas, las filas alrededor del estadio, los dispositivos de seguridad, las estructuras escénicas levantadas durante semanas y las pruebas de sonido que anteceden a cada presentación forman parte de una operación que el público suele percibir únicamente cuando las luces se encienden y comienza el espectáculo.
El concepto de concierto de gran formato tiene una dimensión técnica específica porque no corresponde exclusivamente al prestigio o a la popularidad del artista y se trata de una producción concebida para concentrar grandes cantidades de público requiriendo una infraestructura proporcional a esa escala: escenario, sistemas profesionales de sonido, iluminación, pantallas, estructuras, generación y distribución eléctrica, camerinos, transportes aéreos, alojamiento, producción artística, personal técnico, seguridad, atención de emergencias, control de accesos, logística de movilidad, servicios sanitarios, seguros, permisos, montaje, desmontaje y coordinación entre diferentes instituciones.
La contratación artística constituye solamente uno de los componentes de esa estructura porque en un espectáculo de estas características intervienen empresas especializadas, personal técnico, operadores de escenario, ingenieros de sonido, iluminadores, productores, auxiliares de montaje, organismos de seguridad y socorro y una extensa cadena de proveedores y por ello, la dimensión presupuestal de un concierto de gran formato está determinada por la totalidad de la operación y no únicamente por el valor del artista.
La historia del Festival Internacional de la Cultura permite dimensionar el lugar que este tipo de espectáculos adquirió dentro de su programación y el certamen tiene sus antecedentes en 1973, cuando se realizó en Tunja la denominada Semana Internacional de la Cultura. Con el paso de los años amplió sus contenidos hacia diferentes expresiones artísticas y culturales y consolidó una trayectoria superior a cinco décadas.
La Gobernación de Boyacá registra entre sus antecedentes la participación de artistas y agrupaciones provenientes de diferentes lugares del mundo, en una evolución que llevó al festival a combinar programación artística, encuentros culturales y espectáculos de convocatoria masiva.
Dentro de esa evolución, las presentaciones de Marc Anthony, Marco Antonio Solís, Juan Luis Guerra, Alejandro Fernández, Carlos Vives y Juanes, entre muchos otros, contribuyeron a establecer el componente de grandes espectáculos dentro de la programación.
Marc Anthony protagonizó una de las noches de mayor convocatoria en 2010, cuando aproximadamente 12.000 personas acudieron al Estadio La Independencia de Tunja.
Marco Antonio Solís ocupa también un lugar particular dentro de esta historia, pues su participación en el festival se produjo en dos oportunidades. En años recientes, su presencia volvió a convocar a miles de espectadores. La edición de 2025 registró, según la Gobernación de Boyacá, más de 55.000 asistentes durante las noches en las que se presentaron Marco Antonio Solís y Morat, dentro de una edición que superó los 320.000 asistentes en el conjunto de su programación.
Alejandro Fernández también hizo parte de este componente de programación y su presentación en el Estadio La Independencia fue anunciada como uno de los grandes acontecimientos musicales de la correspondiente edición.
La dimensión internacional del festival llegó incluso a producir episodios de naturaleza jurídica con uno de los casos más recordados que corresponde a Paulina Rubio, contratada para una presentación que finalmente la artista no realizó. El incumplimiento generó una reclamación judicial relacionada con los compromisos contractuales y los costos derivados de la producción del espectáculo. La controversia llegó a los tribunales de Estados Unidos y las pretensiones económicas llegaron a situarse alrededor de 985.000 dólares. Posteriormente, en 2014, las partes alcanzaron un acuerdo confidencial que favoreció al departamento.
El episodio permite comprender la complejidad contractual que acompaña una producción de esta escala. Un concierto de gran formato compromete recursos antes, durante y después del espectáculo. Una cancelación puede afectar vuelos, hoteles, transporte terrestre, alquiler de equipos, personal contratado, estructuras, proveedores y compromisos adquiridos con diferentes actores de la producción.
En ese argumento histórico se entiende el anuncio realizado por el gobernador Carlos Amaya para la edición 2026 del Festival Internacional de la Cultura Campesina: no habrá lanzamiento en Bogotá, conciertos estelares de gran formato ni desfile inaugural.
La decisión no supone la suspensión del festival ya que la programación cultural continuará con conciertos, obras de teatro, danza, literatura, gastronomía, academia, exposiciones y diferentes encuentros artísticos y culturales en la mayor parte del departamento; lo que cambia es la escala de determinadas operaciones y, con ella, el volumen de recursos que normalmente demanda la realización de los grandes espectáculos.
El Gobierno departamental ha señalado que la determinación responde a la situación climática que enfrenta Boyacá y la administración sostiene que el fenómeno de El Niño representa un escenario de riesgo que obliga a fortalecer las acciones de prevención, atención y mitigación.
Los datos entregados por el Gobierno de Boyacá permiten dimensionar la situación: 90 municipios se encuentran en riesgo por incendios forestales y más de 80 enfrentan posibles dificultades de abastecimiento de agua. Entre el 20 de agosto y el primero de septiembre fueron distribuidos 1,5 millones de litros de agua en diferentes municipios y, durante un periodo de 30 días, se registraron 26 incendios forestales que afectaron cerca de 150 hectáreas.
Frente a este escenario, la administración decidió revisar las prioridades presupuestales y operativas asociadas al festival. El gobernador Carlos Amaya sostuvo que los recursos liberados de los eventos de gran formato serán dirigidos hacia acciones relacionadas con el suministro de agua, la atención de incendios forestales, el acompañamiento a las comunidades campesinas y el fortalecimiento de la capacidad institucional de respuesta.
La frase utilizada por el mandatario resume el criterio de priorización adoptado: “Entre un gran concierto y tener recursos para llevar agua a una comunidad, la prioridad de todo el Gobierno es y siempre será el agua”.
Desde la perspectiva de la gestión pública, la discusión adquiere una dimensión concreta: la asignación de recursos frente a necesidades simultáneas. La cultura constituye una responsabilidad pública y los festivales cumplen funciones relacionadas con la circulación artística, la formación de públicos, el acceso a bienes culturales, la promoción turística y la dinamización económica; sin embargo, una administración también debe modificar sus decisiones cuando aparecen circunstancias que comprometen servicios esenciales y capacidad de respuesta ante una emergencia.
Los grandes conciertos generan circulación económica, ocupación hotelera, consumo gastronómico, transporte, empleo temporal y actividad comercial. También producen visibilidad para la ciudad y para el departamento y su ausencia tendrá efectos sobre esa cadena económica. Al mismo tiempo, los recursos públicos destinados a una producción de gran escala tienen un costo de oportunidad: durante una emergencia, cada peso destinado a una operación puede representar una cantidad que deja de estar disponible para otra necesidad.
Por eso, la decisión de 2026 no debería reducirse a la pregunta de quién será el artista que no llegará al escenario, sino que la cuestión de fondo corresponde a qué debe priorizar una administración pública cuando las condiciones del territorio cambian y obligan a reorganizar el gasto.
El FICC conserva su programación cultural y el componente que se modifica es el de mayor despliegue logístico y presupuestal, y esa diferencia es fundamental para comprender el alcance real del anuncio y también resulta pertinente recordar que el festival no nació alrededor de los espectáculos masivos.
Sus antecedentes se encuentran en una iniciativa cultural que comenzó en Tunja en la década de los setenta y que progresivamente incorporó música, artes escénicas, danza, literatura, artes visuales, patrimonio y expresiones provenientes de diferentes lugares del mundo, y su crecimiento posterior permitió incorporar grandes escenarios y artistas internacionales, pero esa expansión constituye una etapa dentro de una historia cultural mucho más extensa.
El anuncio de 2026 devuelve temporalmente al festival a una escala diferente toda vez que será una edición condicionada por las circunstancias del territorio y por una decisión explícita de reasignación de recursos.
Esta decisión también plantea un desafío para la política cultural, que es demostrar que la reducción de los espectáculos masivos no implica reducir la densidad cultural de la programación, porque un festival puede prescindir temporalmente de una noche de estadio y conservar sus procesos de circulación artística, formación, patrimonio, creación y participación territorial, y el verdadero balance de esta edición dependerá precisamente de esa capacidad.
Boyacá llega a esta temporada después de afrontar una etapa de lluvias que produjo daños en vías y puentes y entra ahora en un escenario caracterizado por menor disponibilidad hídrica, incremento del riesgo de incendios y posibles dificultades para garantizar el suministro de agua en numerosos municipios.
En esas circunstancias, la decisión de retirar los conciertos de gran formato representa una modificación significativa en la historia reciente del festival. La administración departamental ha optado por contener temporalmente aquellas operaciones que concentran una mayor demanda presupuestal y logística y trasladar parte de esa capacidad hacia una emergencia que afecta directamente las condiciones materiales de vida de varias comunidades.
Durante años, las grandes noches del festival se midieron en espectadores, artistas internacionales, escenarios llenos y producciones monumentales, y la edición de 2026 introduce otra unidad de medida: la capacidad institucional para responder a una coyuntura sin abandonar la responsabilidad cultural.
El festival continuará. Los escenarios serán otros, las dimensiones serán diferentes y la cartelera no tendrá los nombres que en años anteriores convocaron multitudes, pero la decisión de este año coloca sobre la mesa una discusión que debería acompañar cualquier política cultural financiada con recursos públicos: la cultura necesita presupuesto, pero la administración del presupuesto también necesita criterio, oportunidad y lectura precisa del territorio y es precisamente en este punto donde la decisión del gobernador Carlos Andrés Amaya Rodiguez, merece reconocimiento y respaldo.
La decisión del mandatario de los boyacenses merece ser aplaudida precisamente porque coloca la función pública por encima de la conveniencia política inmediata. La cultura seguirá ocupando escenarios, pero este año una parte de los recursos y de la capacidad institucional estará donde las circunstancias lo exigen.
Cuando una administración entiende que el presupuesto público no existe para satisfacer aplausos sino para responder a las necesidades de la sociedad, incluso una decisión impopular puede convertirse en una decisión acertada y en este caso, entre el brillo de un escenario y la posibilidad de garantizar agua a una comunidad, la elección del gobernador Amaya tiene una lógica que merece ser comprendida, respaldada y reconocida.
Esta es sin duda, una oportunidad de oro para volver a colmar los teatros, las plazoletas, los parques y todos los espacios emblemáticos de Tunja y Boyacá, con presentaciones de alto calibre cultural, donde los nuestros tendrán grandes posibilidades.
