Port: José Ricardo Bautista Pamplona – director general – Sistema Informativo La Palestra
En la planificación de un departamento existen inversiones cuya importancia no se agota en la construcción de una edificación ni en el cumplimiento de un cronograma administrativo, porque su trascendencia está determinada por las capacidades que pueden desarrollar, el conocimiento que permiten producir y los beneficios sociales, ambientales y económicos que están en condiciones de generar durante décadas.
El Jardín Botánico de Tunja “José Joaquín Camacho y Lago” fue concebido bajo esa perspectiva, pero su trayectoria terminó marcada por una discontinuidad institucional que hoy obliga a reconsiderar el destino de una de las infraestructuras ambientales más visionarias proyectadas para la capital boyacense y la región.
La iniciativa comenzó a materializarse en julio de 2006, cuando el Consejo de Gobierno de la administración departamental de Jorge Eduardo Londoño Ulloa aprobó la creación del Jardín Botánico, por iniciativa del entonces secretario de Obras Públicas, el ingeniero José Rozo Millán y la propuesta partía de una consideración fundamental, porque Boyacá necesitaba un espacio especializado para investigar, conservar, propagar y divulgar su riqueza vegetal, particularmente aquella asociada a los ecosistemas de alta montaña y al trópico alto.
La concepción del proyecto iba mucho más allá de habilitar un parque o establecer una colección ornamental de especies y se planteaba la construcción de un equipamiento ambiental con funciones científicas, educativas y de conservación, capaz de integrar colecciones vegetales, viveros, espacios de investigación, senderos ecológicos, miradores, lagos, ágora y centro de convenciones. Su localización, en un terreno de aproximadamente 33 hectáreas en la vereda Pirgua, ofrecía condiciones para desarrollar un escenario de referencia departamental.
Los antecedentes presupuestales permiten dimensionar la magnitud de aquella apuesta. En julio de 2007 se reportaron $1.496 millones invertidos y una proyección cercana a los $1.900 millones para la primera etapa y posteriormente, durante la administración de José Rozo Millán como gobernador de Boyacá, la rendición de cuentas correspondiente a 2010 registró una inversión inicial de $2.000 millones para la adecuación del Jardín Botánico como centro de excelencia destinado a investigadores y estudiosos de la flora del trópico alto y estas por supuesto son cifras correspondientes a reportes de diferentes etapas, cuya consolidación requiere examinar los respectivos contratos y ejecuciones presupuestales.
Lo significativo de estos antecedentes es que revelan una intención institucional de dotar al departamento de infraestructura para la producción de conocimiento científico, porque un jardín botánico debidamente organizado permite desarrollar inventarios florísticos, documentar especies, establecer colecciones vivas, estudiar procesos de germinación y propagación, conservar material vegetal y generar información útil para la gestión de los ecosistemas y también constituye un escenario para la investigación aplicada, la formación académica y la transferencia de conocimiento a las comunidades.
En un departamento como Boyacá, cuya configuración geográfica comprende páramos, bosques altoandinos, bosques andinos y ecosistemas de diferentes condiciones climáticas, disponer de un centro de estas características tiene una justificación que trasciende cualquier consideración paisajística, ya que la diversidad de ambientes determina una importante riqueza de especies y recursos genéticos que requieren documentación, seguimiento y mecanismos de conservación.
Los registros del Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia) reportan 12.312 especies observadas en Boyacá y una riqueza potencial estimada de 41.344 especies, cifras que permiten dimensionar el patrimonio biológico del departamento y la necesidad de contar con instituciones capaces de estudiarlo. La conservación de la flora nativa está relacionada, además, con procesos ecológicos esenciales: regulación hídrica, protección de suelos, mantenimiento de hábitats, conectividad ecológica y estabilidad de los ecosistemas.
Un Jardín Botánico con capacidad operativa podrá contribuir a estos objetivos mediante programas de conservación ex situ, propagación de especies nativas, investigación sobre recursos fitogenéticos y producción de material vegetal para proyectos de restauración ecológica, y su relación con universidades, centros de investigación y autoridades ambientales permitirá fortalecer el conocimiento sobre especies de importancia ecológica promoviendo aplicaciones concretas en la recuperación de coberturas vegetales y la protección de áreas estratégicas.
Sin embargo, el desarrollo posterior de la infraestructura no correspondió a la dimensión de aquella concepción y con el paso de los años, el proyecto perdió continuidad y las instalaciones terminaron destinadas al almacenamiento de maquinaria amarilla de la Gobernación de Boyacá. La distancia entre el objeto para el cual fue concebido el inmueble y el uso que actualmente se denuncia constituye el aspecto más triste y revelador de esta historia.
Y es que no se trata únicamente de una discusión sobre la destinación de unas instalaciones, porque lo que realmente merece análisis es la pérdida de funcionalidad de una inversión pública concebida para producir beneficios científicos, educativos y ambientales. Cuando una infraestructura deja de cumplir el propósito que justificó su construcción, la afectación no se limita a sus condiciones físicas porque también se interrumpe la posibilidad de desarrollar programas, formar investigadores, establecer alianzas académicas y generar servicios para la comunidad.
Esta situación pone de manifiesto una de las deficiencias estructurales de la gestión pública territorial, como es la dificultad para garantizar la continuidad de proyectos que requieren períodos de maduración superiores a los mandatos de gobierno y, en ocasiones, las administraciones concentran sus esfuerzos en formular nuevas iniciativas, mientras las inversiones heredadas quedan expuestas a cambios de orientación, pérdida de prioridad presupuestal o ausencia de mecanismos de operación y mantenimiento.
El ingeniero José Rozo Millán, como artífice de la visionaria propuesta, vuelve a promover una iniciativa relacionada con el proyecto que impulsó hace veinte años, pero esta vez desde la organización ciudadana y por eso el pasado viernes 6 de noviembre de 2026 se constituyó la Corporación de Amigos del Jardín Botánico de Tunja “José Joaquín Camacho y Lago”, durante una asamblea realizada en el auditorio de la Academia Boyacense de Historia, entidad a la que pertenece como uno de sus más brillantes académicos.
La nueva organización tiene como propósito promover la reactivación del Jardín Botánico, recuperar su infraestructura y contribuir al restablecimiento de sus funciones ambientales, científicas, educativas y de conservación, y la naciente Corporación pretende congregar a personas comprometidas con la protección del patrimonio natural y establecer mecanismos de articulación con instituciones académicas, científicas, ambientales y administrativas.
La Junta Directiva quedó integrada por el exgobernador José Rozo Millán, como presidente; Hernán Forero Buitrago, vicepresidente; Claudia Puerto, secretaria; Luis Quiroz, tesorero; y Nelly Sol Gómez de Ocampo, Julio Gómez Peñalosa y Óscar Blanco, como vocales. La fiscalización estará a cargo de Ricardo González, como fiscal principal, y Alfredo Alvarado Rey, como fiscal suplente.
La constitución de esta Corporación introduce un actor ciudadano en la discusión sobre el futuro del Jardín Botánico y su responsabilidad será convertir la voluntad de recuperación en una estructura de gestión con objetivos definidos, capacidad de interlocución y una agenda técnica que permita avanzar más allá de las declaraciones de intención y para ello será necesario establecer el estado jurídico y administrativo del predio, realizar un diagnóstico de las edificaciones y demás componentes físicos, evaluar las condiciones de las colecciones vegetales y determinar los recursos requeridos para recuperar la operación.
También será indispensable formular un modelo de sostenibilidad financiera y científica, toda vez que la recuperación de un jardín botánico exige personal especializado, inventarios taxonómicos, protocolos de manejo de colecciones, registros de procedencia del material vegetal, programas de investigación, mantenimiento permanente y mecanismos de seguimiento. La adecuación de los espacios constituye apenas una parte del proceso.
La legislación colombiana ofrece un marco para orientar este trabajo. La Ley 299 de 1996 establece disposiciones para la protección de la flora colombiana y la regulación de los jardines botánicos, cuyas funciones comprenden la investigación, la conservación in situ y ex situ y la educación ambiental. El Decreto 1076 de 2015 desarrolla disposiciones reglamentarias relacionadas con los permisos ambientales y los requisitos aplicables a estas instituciones. En consecuencia, el proceso deberá contemplar las condiciones jurídicas y técnicas necesarias para que el Jardín pueda desarrollar plenamente su objeto.
La recuperación también tiene implicaciones económicas para Tunja, porque la capital boyacense cuenta con una oferta turística ampliamente asociada a su patrimonio histórico, arquitectónico y religioso y un jardín botánico funcional permitiría incorporar un componente especializado de turismo de naturaleza, interpretación ambiental y divulgación científica, ampliando los motivos de visita y las posibilidades de articulación con otros destinos del departamento.
Su funcionamiento generará sin duda actividades relacionadas con recorridos interpretativos, guianza especializada, programas educativos, observación de especies, talleres de propagación vegetal y encuentros académicos. También permitiría establecer relaciones con instituciones educativas, universidades y operadores turísticos para desarrollar productos dirigidos a estudiantes, investigadores, familias y visitantes interesados en conocer la biodiversidad regional.
La iniciativa impulsada por el exgobernador José Rozo Millán permite recuperar esta discusión desde un caso concreto y su papel como promotor del proyecto desde 2006 y su decisión de encabezar ahora una Corporación orientada a su recuperación asocian elementos relevantes de una historia institucional que merece ser inspeccionada, sin embargo el futuro del Jardín no puede depender exclusivamente de su iniciativa personal, porque requiere compromisos de la Gobernación, participación de la academia, acompañamiento de las autoridades ambientales y una ciudadanía dispuesta a defender el uso público y la función científica de esta infraestructura.
La Corporación tendrá que promover una interlocución efectiva con la administración departamental para conocer las condiciones actuales del inmueble y establecer una ruta concertada de recuperación, en tanto que la Gobernación, por su parte, tiene la oportunidad de explicar el estado de la infraestructura, las decisiones relacionadas con su destinación y las posibilidades jurídicas y presupuestales para restablecer su función original.
La constitución de la Corporación de Amigos del Jardín Botánico representa, por ahora, el comienzo de una nueva etapa organizativa, y su importancia se medirá por la capacidad de transformar esa estructura en resultados, es decir, recuperar las instalaciones, restablecer las colecciones, desarrollar programas científicos y garantizar una operación estable del proyecto, todo esto con grandes aliados de los sectores público y privado.
Veinte años después de su creación, el Jardín Botánico sigue representando una oportunidad que no debería verse condicionada por las transiciones administrativas, porque la sociedad boyacense necesita que las inversiones de largo alcance se entiendan como compromisos con el departamento y no como realizaciones transitorias de quienes ocupan circunstancialmente los cargos de gobierno.
