
Por: Josè Ricardo Bautista Pamplona – Director General – Sistema Informativo La Palestra
Entre el polvo de los edificios derrumbados, las voces que llaman a sus familiares y las manos que escarban los escombros en busca de una vida, Colombia enfrenta una de las emergencias sísmicas más graves de los últimos tiempos.
Pero el terremoto también ha dejado al descubierto otra fractura, porque mientras miles de colombianos se movilizan para ayudar, unos pocos aprovechan el desconcierto para saquear lo que encuentran entre las ruinas.
Esa contradicción retrata a un país que, aún golpeado por la polarización, la inseguridad y la violencia, conserva una formidable capacidad de solidaridad, en tanto que la respuesta inmediata del Estado y el respaldo ofrecido por Estados Unidos y otros países vuelven a demostrar que, frente a una catástrofe, la cooperación nacional e internacional no es un gesto protocolario: puede convertirse en una herramienta para salvar vidas.
A las 7:34 de la mañana del lunes 10 de agosto, la tierra se estremeció y durante unos segundos Colombia pareció perder el equilibrio. Un terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en el departamento del Chocó, convirtió una mañana ordinaria en una jornada marcada por el miedo, la destrucción y la muerte.
El movimiento fue percibido en numerosas regiones del país y dejó sus consecuencias más severas en el occidente colombiano y al cierre de los primeros balances conocidos este martes por el Sistema Informativo La Palestra, las autoridades reportaban 132 personas fallecidas y 570 heridas. También se contabilizaban 1.575 viviendas afectadas, 37 destruidas y 61 edificaciones colapsadas, además de daños en infraestructura vial, hospitalaria, educativa y aeroportuaria.
Estas por supuesto son cifras que todavía pueden aumentar mientras los equipos técnicos terminan de ingresar a las zonas afectadas y los organismos de socorro avanzan en la evaluación de daños.
Pero ninguna estadística alcanza a describir el verdadero tamaño de una tragedia. Porque detrás de cada muerto hay una familia que desde ayer tiene un lugar vacío; detrás de cada herido hay una historia que acaba de cambiar de rumbo; detrás de cada vivienda destruida hay fotografías, documentos, muebles, recuerdos, años de trabajo y una intimidad que quedó convertida en una montaña de ladrillos, hierro y concreto.
Los terremotos tienen una particularidad que los diferencia de otras catástrofes y es que no avisan, no negocian, no distinguen entre ricos y pobres, entre ciudades grandes y municipios pequeños, entre quienes tienen una casa nueva y quienes apenas han conseguido levantar cuatro paredes para proteger a su familia. La tierra simplemente se mueve y, cuando deja de hacerlo, comienza la verdadera batalla: la batalla contra el tiempo.
Es la batalla de los rescatistas que ingresan a estructuras inestables, la de los bomberos que escuchan detrás de un muro la posibilidad de una vida, la de los médicos que reciben simultáneamente decenas de pacientes, la de los ingenieros que deben determinar si una edificación puede mantenerse en pie y la de los funcionarios que tienen que decidir hacia dónde enviar primero alimentos, agua, medicamentos, maquinaria y equipos.
Pero, sobre todas ellas, está la batalla de miles de familias que buscan a los suyos. Hay algo particularmente doloroso en una persona que remueve escombros con las manos. No posee la tecnología de una máquina especializada, pero tiene algo más poderoso: la esperanza de encontrar allí, debajo del concreto, a alguien que ama. En esas manos está hoy una parte de Colombia, una Colombia que, pese a sus fracturas, sabe reaccionar cuando la desgracia deja de ser noticia y se convierte en tragedia humana.
Mientras unos buscan sobrevivientes, otros llevan agua; mientras unos transportan heridos, otros abren las puertas de sus casas; mientras unos preparan alimentos, otros ofrecen vehículos para llevar ayuda; mientras unos trabajan durante horas sin dormir, otros donan dinero, ropa, medicamentos o herramientas.
Esa es una de las caras de Colombia, pero existe otra y resulta mucho más dolorosa., porque entre los escombros también han aparecido quienes, aprovechando el desorden provocado por la emergencia, buscan apoderarse de objetos y bienes abandonados; en medio del dolor colectivo, unos pocos han convertido la desgracia en oportunidad para el saqueo y el vandalismo.

Y esa escena resulta particularmente dolorosa porque una sociedad puede soportar el golpe de la naturaleza, pero lo que resulta mucho más difícil es soportar que algunos de sus propios integrantes decidan prolongarlo.
Quien saquea una vivienda destruida no solamente se lleva un objeto: se lleva una parte de la dignidad de una familia que acaba de perderlo casi todo. Quien ingresa a un establecimiento comercial devastado para robar no está simplemente aprovechando una oportunidad: está agregando violencia humana a una tragedia natural.
Allí aparece una de las imágenes más inquietantes de esta emergencia: mientras unos colombianos remueven los escombros para encontrar a sus seres queridos, otros remueven los mismos escombros buscando qué llevarse.
Esa contradicción es, quizás, una de las radiografías más sinceras de la Colombia contemporánea, un país capaz de ser generoso hasta el límite, pero también un país que arrastra heridas que no fueron producidas por la naturaleza.
La polarización política, la inseguridad, la violencia, la desconfianza y el deterioro de ciertos vínculos comunitarios han dejado nubarrones sobre una sociedad que durante décadas ha aprendido a convivir con demasiadas formas de confrontación y el terremoto, sin embargo, ha demostrado algo que ninguna disputa política debería hacernos olvidar: cuando la tragedia golpea, las diferencias ideológicas pierden importancia frente a la vida humana.
El escombro no pregunta por quién votó la persona que está debajo. El hospital no pregunta de qué partido procede el herido. El rescatista no pregunta cuál es la posición política de quien necesita ser salvado. La tragedia iguala. Y quizás esa sea una de las pocas lecciones luminosas que pueden extraerse de una jornada tan dolorosa: por encima de las diferencias, existe todavía una sociedad capaz de reconocerse en el dolor ajeno.
La respuesta institucional merece, por ello, una consideración especial. El Gobierno nacional reaccionó desde las primeras horas y activó los mecanismos de atención de la emergencia, articulando capacidades con las gobernaciones y alcaldías de los territorios afectados. Esa coordinación resulta fundamental porque ninguna administración puede enfrentar por sí sola una catástrofe de esta magnitud.
La emergencia exige una estructura nacional de coordinación, pero también una operación territorial y por eso desde el gobierno nacional están llegando recursos, capacidad logística, equipos especializados y decisiones estratégicas; en tanto que, desde los departamentos y municipios continua el conocimiento directo del territorio, la identificación de necesidades y la atención inmediata de las comunidades.
Cuando ambos niveles funcionan coordinadamente, el Estado deja de ser una abstracción y adquiere presencia concreta. Se convierte en una ambulancia, en una retroexcavadora, en un hospital habilitado, en un albergue, en un funcionario que llega con una lista de damnificados, en un ingeniero que determina que una estructura todavía puede salvarse, en un equipo de rescate que entra donde otros no pueden entrar. Eso es gobernar durante una emergencia.
No se trata únicamente de emitir decretos; se trata de estar allí, de ponerle el pecho a la tragedia, de acompañar a las comunidades cuando el miedo todavía permanece y la dimensión de las pérdidas apenas comienza a comprenderse.
Y en una tragedia de estas proporciones también adquiere una dimensión especial la respuesta de las naciones amigas. Estados Unidos anunció una ayuda de 15,5 millones de dólares para respaldar la respuesta humanitaria colombiana, destinada a necesidades como refugio, alimentación, protección y evaluación de daños.
La cifra es importante, pero más importante aún es lo que representa, porque las relaciones entre los Estados suelen medirse en tratados, comercio, inversión, cooperación militar, intercambio tecnológico o acuerdos diplomáticos; sin embargo, existe otra forma de medir la calidad de una relación internacional: observar qué ocurre cuando uno de los países atraviesa una calamidad.
En esos momentos, la diplomacia deja de hablar desde los documentos y comienza a hablar desde la solidaridad. Que Estados Unidos haya expresado y materializado su respaldo a Colombia recuerda una verdad que a veces se pierde en medio de las controversias políticas: tener buenas relaciones con los países vecinos, con las potencias y con las naciones amigas no es una concesión ideológica; es una necesidad de Estado.
Los terremotos no respetan fronteras. Los huracanes tampoco. Las pandemias tampoco. Los incendios forestales tampoco. Las crisis humanitarias tampoco. Y cuando la capacidad de un país resulta insuficiente para responder por sí solo, la cooperación internacional puede significar recursos, tecnología, especialistas, transporte, alimentos, medicamentos y conocimiento.
La solidaridad internacional no disminuye la soberanía. La fortalece cuando se recibe con dignidad, transparencia y responsabilidad. Colombia necesita, por eso, una política exterior capaz de construir puentes y no de levantar muros; una política que comprenda que las relaciones internacionales no pueden estar sometidas permanentemente al péndulo de las simpatías personales o las disputas coyunturales.
Un país con buenas relaciones internacionales tiene más posibilidades de recibir ayuda cuando la necesita, pero también mayores posibilidades de ofrecer cuando otro la requiera. Hoy nos ayudan; mañana podemos ser nosotros quienes ayudemos. Así funciona la comunidad internacional cuando la política logra ponerse al servicio de la humanidad.

Pero una vez superada la fase de rescate vendrá una tarea todavía más compleja: reconstruir. Reconstruir las viviendas, las escuelas, los hospitales, las vías, las redes de servicios públicos y las economías familiares; reconstruir, sobre todo, la confianza de quienes descubrieron en cuestión de segundos que aquello que consideraban permanente podría desaparecer.
El país deberá hacer una evaluación rigurosa de las condiciones estructurales de las edificaciones afectadas, establecer prioridades de inversión y garantizar que la reconstrucción no se convierta en terreno fértil para la corrupción, el clientelismo o la improvisación.
Los 1.575 hogares afectados, los 37 destruidos y las 61 edificaciones colapsadas son apenas el primer inventario de una factura humana, social y económica que todavía está por establecerse; por eso, cuando termine la emergencia mediática, no puede terminar la emergencia institucional. Las cámaras se irán, los titulares cambiarán, llegarán otras noticias, pero las familias seguirán allí. Los muertos seguirán ausentes. Los heridos tendrán que recuperarse. Los damnificados necesitarán reconstruir sus vidas. Y el Estado tendrá que permanecer.
Ese será el verdadero examen, porque un terremoto puede durar segundos, pero sus consecuencias pueden durar generaciones. Colombia está hoy frente a un espejo. En una de sus caras aparece el dolor de quienes buscan a sus seres queridos bajo los escombros; en otra, la mano del rescatista; en otra, el médico exhausto; en otra, el ciudadano que comparte lo poco que tiene; en otra, el gobierno que debe coordinar y responder; en otra, las naciones que extienden su mano. Pero también aparece, en un ángulo oscuro de ese mismo espejo, quien aprovecha el desastre para saquear.
No podemos ocultar esa imagen, pero tampoco podemos permitir que ella defina al país, toda vez que la Colombia del saqueo es pequeña frente a la Colombia que ayuda. La Colombia de la violencia no puede derrotar a la Colombia de la solidaridad. La Colombia de la polarización no puede ser más poderosa que la Colombia que se abraza frente a la muerte. Y la Colombia de la indiferencia no puede imponerse sobre la Colombia que remueve piedras para encontrar una vida.
La tragedia del 10 de agosto deja muertos, heridos, viviendas destruidas y una infraestructura que tendrá que ser reconstruida; pero deja también una pregunta mucho más grande: ¿qué clase de país queremos ser cuando la tierra vuelva a quedarse quieta? La respuesta no estará en los discursos.
Estará en lo que hagamos después, en la forma como reconstruyamos, en la manera como protejamos a los damnificados, en la transparencia con que administraremos la ayuda, en la capacidad del Estado para permanecer junto a las comunidades, en la decisión de combatir el saqueo sin criminalizar la necesidad, en la posibilidad de volver a encontrarnos como sociedad después de tantos años de confrontaciones y en la capacidad de comprender que tener buenos vecinos, buenos aliados y relaciones internacionales sólidas no es una decoración de la política exterior: puede ser, literalmente, una tabla de salvación.
Cuando la tierra tiembla, las fronteras se vuelven líneas demasiado pequeñas y entonces descubrimos que la solidaridad tampoco tiene fronteras. Colombia está herida, pero no está vencida.
Entre los escombros hay muerte, sí; hay miedo, destrucción y dolor, pero también hay manos, miles de manos. Unas levantan piedras, otras sostienen heridos, otras preparan alimentos, otras construyen refugios y otras llegan desde países lejanos.
Y todas ellas parecen decir lo mismo: que después del terremoto habrá que levantar nuevamente el país, pero esta vez procurando que ningún temblor político, social o humano vuelva a romper aquello que todavía podemos reconstruir juntos.











