En relación con las recientes manifestaciones públicas del candidato al Senado Andrés Vásquez, en las que señala al presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAYCO, y al compositor y dirigente Rafael Manjarrez como presuntos responsables de hechos constitutivos de secuestro, el maestro Manjarrez ha emitido un pronunciamiento categórico de desmentido, rechazando tales afirmaciones por considerarlas carentes de soporte probatorio y ajenas a la realidad institucional de la entidad que representa.
SAYCO, como sociedad de gestión colectiva legalmente autorizada por el Estado colombiano para administrar y recaudar derechos patrimoniales de autor en nombre de sus afiliados, ejerce una función reglada, sometida a supervisión y enmarcada en disposiciones nacionales e internacionales que protegen la propiedad intelectual. Su objeto no es político ni partidista: es jurídico y patrimonial. En ese sentido, cualquier actuación orientada a exigir el respeto por los derechos de los compositores afiliados responde a un mandato normativo expreso y no a una confrontación de índole personal.
De acuerdo con la posición institucional, las diferencias surgidas con actividades o empresas vinculadas al señor Vásquez han sido tramitadas exclusivamente ante las instancias competentes, mediante los mecanismos legales previstos para resolver controversias sobre recaudo y representación de derechos de autor.
La defensa del repertorio administrado por SAYCO no constituye una prerrogativa discrecional, sino una obligación inherente a su naturaleza jurídica: permitir la explotación de obras sin autorización o sin el pago correspondiente implicaría una omisión contraria a su razón de ser.
En un escenario electoral, las declaraciones públicas adquieren inevitablemente mayor resonancia; sin embargo, la gravedad de una acusación exige respaldo fáctico y verificación judicial y el señalamiento de conductas delictivas no puede sustentarse en inferencias ni en interpretaciones derivadas de litigios civiles o comerciales.
La presunción de inocencia, el debido proceso y la competencia exclusiva de las autoridades para investigar y sancionar son garantías fundamentales que deben preservarse sin ambigüedades, señalan desde la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia.
La controversia, por tanto, se sitúa en dos planos claramente diferenciados: de un lado, el ámbito jurídico en el que SAYCO ejerce, por mandato legal, la protección y el recaudo de los derechos de los compositores colombianos que le han confiado su representación; de otro, el terreno de las declaraciones políticas, cuya veracidad corresponde esclarecer a los órganos competentes y mientras no exista pronunciamiento judicial que establezca responsabilidades, las afirmaciones deben entenderse como versiones contrapuestas dentro de un debate en curso.
La protección de la creación intelectual es un pilar del ordenamiento cultural y económico del país y en ese marco, SAYCO reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia administrativa y la defensa técnica del derecho de autor, confiando en que cualquier controversia será resuelta en el escenario institucional correspondiente, con fundamento en pruebas y conforme a la ley.
