Naciones Unidas declaró el 20 de febrero de cada año como el “Día Mundial de la Justicia Social”, para recordarnos que este es más que un concepto de sociología política. Es una realidad y una aspiración a la que nos enfrentamos, en mayor o menor medida, según nuestro contexto social y geográfico.

Todos hemos vivenciado, a menudo, la injusticia social, expresada de múltiples formas, como corrupción, hambre, desempleo, salario indigno, pobreza, analfabetismo… Da rabia, desilusión y desesperanza.

La justicia social tiene múltiples definiciones, muchas de ellas alineadas a diversas y hasta contradictorias ideologías políticas (qué es, quién responde por ella, cómo debe medirse, qué derechos y deberes corresponden a cada uno…), pero más allá de ese debate, todas las personas y políticos coinciden en que una nación con justicia social favorece la paz, el acceso a mejores condiciones de vida, el respeto a la dignidad de todos y un escenario para vivir tranquilamente.

Construir justicia social implica asegurar oportunidades para todos, según sus aspiraciones, posibilidades, conocimientos y compromisos, y garantizar condiciones materiales mínimas en salud, justicia, trabajo y reconocimiento ciudadano, entre otros. Es decir, que nadie viva por debajo de los estándares mínimos de subsistencia, respeto, convivencia y bienestar.

Estamos en época electoral y los discursos de los candidatos, independientemente de su formación y orientación política, coinciden en vivir en paz, llevar salud y educación, acabar con la corrupción, con los privilegios y distribuir más equitativamente los recursos, entre otros. El cómo hacerlo es lo que marca la diferencia, pero todos añoran (añoramos) un real escenario de bienestar para todos los compatriotas.

Pero se asume, mayoritaria y erróneamente, que la justicia social es esencialmente una tarea del Estado (léase estadistas y políticos) y que los ciudadanos son las “víctimas” de su aparente descuido, negligencia, desconocimiento o corrupción. Pero dicho pensamiento parte de un error: Si se piensa que la justicia social es responsabilidad de los gobernantes a través de leyes, discursos y asignaciones presupuestales, nunca se va a alcanzar plenamente dicho estado de satisfacción social.

Si bien las normas y la distribución presupuestal son esenciales para potenciar la justicia social, ésta solo será posible si, además, hay una real corresponsabilidad de parte de todos los habitantes. Es decir, que estos no sólo exijan a sus gobernantes acciones a favor de la dignidad de todos los habitantes y del acceso a mejores y oportunas condiciones en sus servicios e interacciones sociales (educación, salud, seguridad, bienestar…), sino que sean conscientes y corresponsables de que ellos también son promotores de la justicia social. La justicia social solo es sostenible cuando la población no solo exige derechos, sino que también asume deberes. Empieza en cada uno de nosotros.

Las naciones con mayores niveles de justicia social no son las que tienen más leyes, sino aquellas donde sus habitantes cumplen sus responsabilidades, y asumen las consecuencias, incluso así no haya una ley que establezca ciertas obligaciones personales y sociales. Esto significa, entre otros, priorizar la tributación sobre la evasión; el castigo sobre la impunidad; la denuncia sobre la complicidad; el pago justo a quienes nos sirven; respetar y convivir armónicamente con quienes piensan, viven y se expresan diferente a nosotros; ser compasivos, piadosos, caritativos, con quienes, independientemente de las circunstancias, adolecen de lo esencial; cuidar los espacios públicos y los recursos naturales; preocuparse por el bienestar de los discapacitados, ancianos, enfermos y personas vulnerables de nuestro entorno; y evitar, a toda costa, cualquier forma de discriminación, maltrato o cosificación de las personas.

En últimas, en una sociedad con justicia social (entiéndase un país, un departamento, un municipio, un corregimiento…) tanto gobernantes como gobernados respetan las leyes, incluso si no están de acuerdo con ellas, pero sobre todo son solidarios y saben que, más allá de las leyes, las normas solo son efectivas si están motivadas por la consideración humana hacia los demás, o la preocupación por el bienestar de aquellos que, por decisión propia o infortunio, no cuentan con los beneficios de la mayoría, pero que, como personas, son seres dignos de ayuda y de nuevas oportunidades. Incluso, porque nosotros mismos podríamos estar en esa situación.