En el ejercicio del periodismo, pocas palabras son tan frecuentes y a la vez tan incómodas como “presunto”.

Es ese vocablo que, en apariencia, sólo busca cubrir el debido proceso y proteger la presunción de inocencia, pero que muchas veces choca con la crudeza de una realidad ya retratada por videos, testigos o confesiones.

¿Por qué, entonces, seguimos diciendo “presunto asesino” cuando el individuo fue capturado con el arma en la mano? ¿Por qué “presunto violador” cuando hay pruebas forenses que lo incriminan directamente? ¿No es esto una forma velada de suavizar la verdad?

La respuesta es sencilla en su lógica, pero compleja en su aplicación: el periodismo, al menos el riguroso, no está para condenar, sino para informar y la ley, en su forma más pura, establece que nadie es culpable hasta que un juez lo determine; por eso, el uso del adjetivo “presunto” no es una concesión al criminal ni una negación de la evidencia; es un escudo de responsabilidad jurídica y ética.

Decir “presunto” no es negar lo evidente, sino reconocer que el periodismo no debe convertirse en tribunal, porque cuando un medio sentencia antes que la justicia, corre el riesgo de atropellar derechos, de influir en procesos, de destruir vidas que, aunque pocas veces, podrían resultar inocentes.

Pero también es cierto que el uso excesivo de esta palabra puede resultar irritante, e incluso insultante, para las víctimas y la sociedad y mucho más cuando se tiene certeza moral de un hecho, cuando hay grabaciones, huellas, testimonios sólidos, hablar de “presunto” parece una especie de burla, y ahí es donde los periodistas caminan sobre una cuerda floja: entre el deber de no prejuzgar y el imperativo de llamar las cosas por su nombre.

¿Es entonces el “presunto” un acto de prudencia o un velo de hipocresía? Tal vez sea ambos. Un artificio necesario para navegar en un país donde la justicia es a veces lenta, otras veces manipulable, y donde el periodismo debe mantener su integridad sin convertirse en cómplice del silencio ni en verdugo prematuro.

Al final, la palabra “presunto” no define al acusado, sino al periodista, porque es un espejo del compromiso con la verdad, la justicia y la ética. Una palabra pequeña, sí, pero cargada de una responsabilidad inmensa.

Esa es precisamente la tensión central entre el lenguaje jurídico y el sentido común, aunque públicamente “se sepa” que alguien ha cometido un delito, porque fue capturado en flagrancia, porque hay video, porque confesó, el periodismo serio y responsable está obligado a referirse a esa persona como “presunto” autor del hecho hasta que exista una sentencia judicial definitiva.

La presunción de inocencia es un derecho constitucional y reza que toda persona es inocente hasta que un juez, mediante un proceso con garantías legales, la declare culpable. Este principio no es un tecnicismo: es una protección frente a los abusos del poder, los errores judiciales y los juicios mediáticos. Si los medios condenan antes que la justicia, se puede comprometer el derecho a un juicio justo.

Por otra parte, los periodistas no somos jueces yaunque las evidencias parezcan irrefutables, los periodistas no pueden erigirse como autoridades judiciales. El periodismo informa, no sentencia. Decir “asesino” o “violador” sin condena judicial equivale a una calumnia con consecuencias legales, incluso si todo el país está convencido de la culpabilidad.

Las pruebas públicas no equivalen a condena y un video, un testimonio o una confesión son fuertes indicios, pero no son en sí mismos sentencia. Muchas veces se han presentado confesiones bajo presión, pruebas manipuladas o testimonios falsos. Solo el proceso judicial tiene la estructura para evaluar todo eso con rigor.

Decir “presunto” no es negar la realidad: es proteger la verdad y no quiere decir que no lo haya hecho. Es simplemente reconocer que falta el paso final del proceso legal. Es una muestra de respeto al debido proceso y una forma de blindarse contra posibles demandas por difamación o calumnia.

Podemos concluir entonces que, aunque parezca una incongruencia, la palabra “presunto” no protege al delincuente, protege al periodismo y a la justicia y es una clara muestra de que, incluso frente a lo evidente, el periodista elige la responsabilidad ética y legal por encima del juicio popular, aunque a veces nos cueste decirle “presunto” a quien se sabe, ha cometido delitos.