¿Qué hacer para proteger a los líderes sociales?

Los líderes sociales son personas que se destacan por su capacidad de motivar a una colectividad hacia una meta común.

Estos guías pueden surgir en cualquier perímetro de la sociedad, desde el ámbito empresarial hasta el comunitario, y suelen tener un impacto significativo en la vida de las personas que los rodean.

En el entorno social, los líderes pueden ser caudillos que defienden los derechos humanos, la igualdad, la justicia social y la protección del medio ambiente y es muy común verlos trabajar en organizaciones no gubernamentales, grupos comunitarios y organizaciones sin fines de lucro con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las gentes y proteger sus derechos.

Estos capos son inspiradores y motivadores para quienes los rodean y tienen una fuerte pasión por el cambio positivo, sin embargo, también enfrentan desafíos y obstáculos considerables en su camino hacia el logro altruista de sus propósitos.

A menudo, los dirigentes sociales son personas que han experimentado injusticias o desigualdades en su propia vida, lo que los motiva a trabajar por un cambio en la sociedad. Ellos tienen empatía y compasión por los demás y están dispuestos a trabajar de manera sostenida y sacrificada para marcar la diferencia en la realidad de sus conciudadanos.

En muchos casos, los guías sociales también necesitan ser resilientes y tener una gran capacidad de recuperación para superar las dificultades y los desafíos que enfrentan, por cuanto pueden afrontar oposición de grupos poderosos o intereses creados por quienes no quieren cambiar el estilo de vida social que, a claras luces, les es favorable a ellos.

Pero, lamentablemente en Colombia, los líderes sociales han sido objeto de violencia y asesinatos en los últimos años y existen múltiples factores que contribuyen a esta situación, incluyendo la historia política y social del país, la presencia de grupos armados ilegales, la desigualdad socioeconómica y la falta de acceso a la justicia.

Uno de los principales factores es la intimidación que ha marcado la tradición de Colombia durante décadas, porque el país ha sufrido conflictos armados internos que han involucrado a catervas guerrilleras y paramilitares e incluso por parte de algunos integrantes de las fuerzas militares, dejando a su paso una larga lista de víctimas en las que aparecen estas personas dedicadas al servicio comunitario.

Además, la presencia de grupos armados ilegales en diferentes regiones de la geografía nacional, también, ha contribuido al crimen contra ellos, porque los ilegales buscan controlar territorios y recursos y a menudo recurren a la intimidación y el chantaje para lograr sus malévolos objetivos.

Otro componente importante es la desigualdad socioeconómica en Colombia, ya que muchos líderes sociales trabajan en comunidades rurales o marginadas donde la pobreza y la falta de oportunidades son el pan de cada día.

Esto puede hacer que esas colectividades sean vulnerables a los ataques y la explotación, y los líderes que trabajan para mejorar las condiciones de vida de esas congregaciones enfrentan ataques por parte de los clanes armados o de los actores políticos que buscan mantener el control sobre las regiones.

La falta de acceso a la justicia es un factor importante en la violencia contra los líderes sociales, y a menudo, los casos de terror y asesinatos no son investigados adecuadamente, por lo que los responsables rara vez son llevados ante la justicia creando un clima de impunidad que puede animar a los perpetradores a continuar con sus acciones delincuenciales.

Para proteger a los líderes sociales es necesario adoptar medidas tanto a nivel individual como colectivo. En primer lugar, es fundamental que estas personas cuenten con modelos de protección personal, como escoltas, vehículos blindados y sistemas de vigilancia; asunto que le resulta muy costoso al estado colombiano, más cuando la lista de protegidos con esquemas de seguridad es muy larga en un país donde existen privilegios para un amplio grupo de la élite que asegura haber sido mártires de ultimatos y envestidas.

Por otro lado, es esencial que se fomente una cultura de protección a los líderes sociales, en la que se promueva la tolerancia, el respeto y la no violencia. En este sentido, es importante que se realicen campañas de sensibilización y concienciación en las agrupaciones barriales para que se reconozca el papel fundamental que tienen estos abanderados en la defensa de los derechos humanos.

Según informes de la Defensoría del Pueblo de Colombia, en un solo año, como el caso del 2020, se registraron 82 homicidios de líderes sociales en el país, lo que representa un aumento del 20% en comparación con los años anteriores y la cifra ha venido creciendo de manera exponencial hasta llegar a un tope de incertidumbre total.

El costo de proteger a los líderes sociales en Colombia es muy alto y el gobierno ha invertido grandes sumas de dinero en programas de protección y seguridad para ellos, incluyendo la asignación de escoltas y la instalación de sistemas de seguridad en sus hogares y lugares de trabajo y pese a esas medidas, los asesinatos siguen aumentando de manera indiscriminada.

Según el Ministerio del Interior, el presupuesto para el programa de protección de líderes sociales en los últimos tiempos supera el monto de 300.000 millones de pesos al año, una abrumadora cifra que toca de manera directa las finanzas de todos los nacionales.

Así y todo, el presupuesto para la protección de estas personas no es suficiente para garantizar la seguridad de los líderes que enfrentan amenazas y muchas veces la protección ofrecida por el gobierno es insuficiente o inadecuada, lo que pone en riesgo la vida de ellos; debilidad que ha sido puesta al descubierto en los últimos meses, tras el asesinato de más y más adalides.

Pero, el costo de protegerlos no solo es financiero, sino también humano porque los escoltas y personal de seguridad asignados a cuidarlos también enfrentan riesgos e intimidaciones a su seguridad, y muchas veces son objeto de ataques y asesinatos y aunque no hay bolsillo que aguante, este problema debe ser abordado con mucha más atención por parte del estado a fin de crear otros esquemas diferentes a los de proporcionar estos tibios modelos con tan altos costos que salen, supuesto, del pecunio de todos los colombianos.

Una opción es mejorar la coordinación y el intercambio de información entre las diferentes agencias de seguridad del estado de manera que se puedan identificar en forma temprana las amenazas y actuar en forma rápida y efectiva para prevenirlas. También se puede fortalecer la capacitación y el entrenamiento de los cuerpos de seguridad para que puedan hacer frente a los sobornos de manera eficiente.

Otra iniciativa, quizá menos lesiva para las arcas públicas, es fomentar la participación ciudadana y la solidaridad entre las comunidades locales para que se conviertan en aliados en la protección de los líderes sociales.

Se puede, por ejemplo, implementar programas de educación y sensibilización sobre la importancia de los líderes sociales y su trabajo para el bienestar de la sociedad. Además, se podrían establecer redes de apoyo entre las comunidades para que ellos tengan un respaldo más amplio y no estén expuestos a atentados de manera individual.

También se debe considerar la posibilidad de establecer medidas de protección más sencillas y menos onerosas, como la implementación de protocolos de seguridad básicos o el uso de tecnologías de vigilancia como cámaras de seguridad y sistemas de monitoreo remoto.

Proteger a los líderes sociales es un tema mayor que requiere de una estrategia integral que combine diferentes enfoques y herramientas con las que se logre abordar de manera permanente uno de los tantos flagelos sensibles que le ha venido ganando la jugada a los huéspedes de turno de la Casa de Nariño y por ende repercutiendo como efecto dominó en las regiones.

Artículo Boyacá7días